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“Las zonas metropolitanas urbanas requieren millones de toneladas de materiales de origen geológico para levantar edificios, tender pavimentos y rellenar depresiones del terreno con fines urbanizadores. Sobre cada hectárea ciudadana pueden haber miles de m3 de ladrillos, cemento, asfalto, baldosas, piedra y otros componentes necesarios para la implantación de las diversas estructuras que requieren las ciudades.” (Antón, 2001)


El siguiente trabajo pretende desarrollar un tema relevante para Costa Rica: el desarrollo de la actividad turística y el impacto que podría producir a una región que pretende basar su desarrollo en ella. Para este trabajo en especial se tratará el caso del Golfo de Nicoya, la provincia de Guanacaste y su oferta de hospedaje turístico y la modificación de la “Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre” que intenta impulsar el turismo a costa de “obviar” algunas regulaciones que se estipulan en ella para impulsar el turismo y sacar a la población de la pobreza en la que están inmersos por la falta de opciones de desarrollo existente.

El turismo cobra relevancia en nuestro país desde hace aproximadamente veinte años, cuando el presidente en la administración 1986-1990, Oscar Árias Sánchez, gana el Premio Novel de la Paz por sus acciones para mitigar los problemas armados en toda Centroamérica. Este hito es el detonante que dispara el turismo como una actividad rentable para el país, el cual tenía muchas ventajas sobre sus homólogos centroamericanos, lo que le permite tomar ventaja y explotar su potencial como destino turístico. El crecimiento, sostenido e impresionante a partir de la entrega de este premio en 1987, para luego recibir otro impulso con la participación de la selección nacional de fútbol en el Mundial de Italia en 1990, hace de esta actividad un rubro un generador de divisas muy por encima del café y el banano, que tradicionalmente han sido las dos grandes basas de nuestra economía.

El turismo se convierte entonces como una actividad altamente rentable para Costa Rica, y en mucho los esfuerzos de cada gobierno luego de 1990 van enfocados en incentivar la actividad. Es de esa manera que la provincia guanacasteca se convierte, por sus playas especialmente, en uno de los principales puntos de atracción turística tanto para nacionales como para extranjeros. Es por eso que playas como Papagayo, Tamarindo, Flamingo, entre otras, se instalan grandes cadenas hoteleras con centenares de habitaciones, con precios por noche que sólo algunos privilegiados nacionales pueden sufragar, o que, sencillamente, sólo extranjeros con gran poder adquisitivo pueden costear.

Los hoteles, ya sean estos grandes o medianos, requieren contratar a un equipo de personas para operar, la oferta de trabajo va desde puestos gerenciales, hasta cocineros, conserjes, seguridad, etcétera; estos puestos normalmente son ocupados por residentes de la zona por cercanía geográfica y conocimiento de la zona. La mayoría de veces estos trabajos son mejor remunerados que la actividad que practicaban con anterioridad, productor por ejemplo. Habitualmente los puestos gerenciales o similares necesitan de gente muy capacitada con formación universitaria, personal que difícilmente se consigue en la zona (aunque en los últimos años las universidades públicas y privadas ofertan carreras que subsanan esta carencia); por el contrario, los puestos de conserjes, jardineros, meseros, mucamas, etcétera, presentan un perfil antagónico, ya que requieren de poca formación académica (frecuentemente primaria completa), y las personas que llevan a cabo estas tareas tienen un salario que les permite vivir dignamente, pero nada más, con ese salario no pueden desarrollar proyectos que les permita ser más que meros observadores del auge y desarrollo turístico, y es peor cuando los beneficiados de los atractivos del país son grandes inversionistas extranjeros que engruesan sus billeteras sentados en sus oficinas equipadas con aire acondicionad desde sus países, lejos de la región, en lujosos edificios de varios cientos de pisos, sin importarle más que su beneficio personal y el de sus socios, la rentabilidad de su inversión, las ganancias a corto plazo, aun a costa de explotar la mano de obra barata del país donde se instalan sus grandes hoteles. Es válido preguntarse entonces cuál es el desarrollo real del turismo en una región, que reciben realmente las personas que viven ahí, esas personas que tienen o tendrán hijos y que tienen un trabajo de largas jornadas laborales, un trabajo que no les permite desarrollarse como seres humanos. Qué les enseñan a sus hijos, qué ven ellos que hacen sus padres, cuál es su futuro y qué posibilidades de un trabajo cerca de su hogar tienen, es posible que puedan pagarse una universidad para formarse para un puesto gerencial y no ser un gendarmes encorbatados bajo el sol de mediodía; todas estas preguntas son válidas, es necesario hacerlas, y si es necesario hacerlas para encausar a una región que está por decidir si el desarrollo que les conviene es el turismo u otras alternativas válidas con mayores posibilidades de beneficio comunitario y con un menor impacto hacia el ambiente como los mega proyectos turísticos, obviarlas es casi un crimen para toda una población.

Dentro de la normativa costarricense existe la ley número 6043 “Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre”, que regula todo lo concerniente a la administración de la zona marítimo terrestre de dominio público y por ende inviolable e imprescriptible de conformidad con las bienes propios de la Nación que tiene protección especial establecida en la Constitución Política. La zona marítimo terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja. La zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: La Zona Pública, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la mare baja: y la Zona Restringida, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes o por los demás terrenos, en casos de islas. Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública.

En los últimos meses se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto que pretende reformar esta ley en los artículos 5, 37 y 42, que propone que las concesiones y permisos para desarrollar proyectos turísticos sea otorgados por la Municipalidad, sin una medie la aprobación de la Asamblea Legislativa. Lo enturbia más estas reformas es que no se menciona qué sucedería con los permisos y aprobaciones que se requieren de la Secretaria Técnica Ambiental (SETENA) que hoy son exigidos; tampoco se menciona qué sucedería con el aval del Instituto Costarricense de Turismo, requerido cuando el proyecto es desarrollo turístico.

(La Ley Orgánica del ambiente establece que todo proyecto turístico tiene requisito indispensable el aval ambiental de la SETENA, entidad a nivel nacional que establece las pautas y reglas a seguir para los estudios de impacto ambiental.)

El argumento que esgrimen los diputados que promueven esta reforma de ley dicen que “los pescadores del golfo y los habitantes de sus islas y alrededores viven una gran crisis económica que se traduce en la pérdida de sus patrimonios y aumento de la pobreza, pues la actividad pesquera a la que están dedicados es frágil. y que esta no garantiza a los pescadores una vida digna para ellos y sus familias”, por lo tanto proponen: “Que tomando en cuenta las regiones no desarrolladas pero con un significativo potencial turístico, se encuentran las islas de uno de los golfos poseedores de gran belleza escénica del continente: el golfo de Nicoya. hasta el aún no han llegado los beneficios del turismo pese a que los habitantes de sus islas sufren condiciones socioeconómicas paupérrimas donde la cada vez mas difícil pesca de subsistencia constituye su exclusivo medio de sostén (sin que se planteen opciones productivas prometedoras), la actividad turística es apenas incipiente”. También señalan que: “Numerosos estudios realizados por organizaciones internacionales muestran que las islas del Golfo tienen gran potencial ecoturístico”.

Si se analiza separadamente cada una de las palabras de los diputados, en la primera de ellas se menciona que los pescadores del golfo y todas las demás personas que viven en las islas de los alrededores están inmersos dentro de una crisis que cada día los empobrece más y más, el cada día más escaso recurso pesquero por la contaminación del Océano Pacífico agrava la situación, además, las vedas, los intermediarios que son los que reciben se llevan las ganancias con la comercialización de pescados y el crecimiento poblacional (se ha multiplicado la cantidad de familias que viven de la pesca) hacen cada vez más difícil la subsistencia para las personas que viven en el golfo, pero vale la pena preguntarse si no existirán otras alternativas, además del turismo, que palien la situación, sin menospreciar que hay formas de pesca alternativas como la maricultura, que quizás sean más beneficiosas para los habitantes porque son proyectos propios y que, muchas veces, tienen un menor impacto en el ambiente natural que lo megaproyectos turísticos. Inclusive los proyectos propios podrían ser turísticos, ya “existen en la actualidad proyectos en las islas del golfo de Nicoya que promueven el desarrollo ecoturístico comunal en equilibrio con la naturaleza, respetando las iniciativas comunales propias afines con las costumbres e idiosincrasia de los pobladores de las islas” (Ramsbottom y Salas, 2005). Las preguntas que surgen entonces hacia los diputados, tan preocupados por el bienestar de estas familias son: ¿Por qué no se han preocupado por consultar a los isleños sobre cuales opciones productivas y proyectos alternativos pueden llevar a cabo que generan un desarrollo sostenible y mejoran la calidad de vida? Según el artículo sobre el que se basa este trabajo, las segunda isla más poblada del Golfo es la isla Venado, en la cual sus habitantes desconocen esta reforma a la ley, lo que ha ya de hecho resulta inconstitucional porque se excluye el derecho de conocer y discutir proyectos de le que les afecta directamente. Sin embargo, la mayor parte de las personas que han nacido toda su vida en el Golfo tienen su vida arraigada al mar, todas sus prácticas culturales y las de sus antepasados consideran al mar como su mayor tesoro, pero están conscientes que la situación que viven en hoy es grave, cuando pueden comparar lo cantidad de producto que podían obtener en el pasado con la que pueden obtener al presente; tampoco se les escapa que la contaminación que sufre el mar es una de las causas de más peso para que todo esto se dé. Algunas asociaciones de ecoturismo y grupos de mujeres desarrollan proyectos comunales que les permiten mitigar el problema de la pesca y los períodos de veda. Lo que si es posible afirmar es que la causa del deterioro socioeconómico de los pescadores es multifactorial, y que antes de emprender “acciones salvadoras, es mejor hacer un diagnóstico profundo que permita tomar decisiones atinadas.

Una decisión que no parece muy atinada es modificar la ley marítimo terrestre para permitir proyectos con solo el aval de la municipalidad. Si bien es cierto que la SETENA no es la entidad más eficiente del estado (en parte por la falta de recursos, ampliable a todas las instituciones del estado costarricense), es cierto que los estudios de impacto ambiental frenan y ponen trabas a proyectos que sólo tienen como objetivo el frío metal, si aun con este requisito grandes hoteles han secado humedales, destruido corales e impactado manglares, qué se puede esperar de los proyectos sin ninguna restricción. Es muy sencillo justificar con argumentos como la pobreza y la fragilidad de la actividad pesquera el desarrollo de proyectos turísticos, sin ni siquiera el permiso de el ICT, sabiendo de antemano que estos proyectos pocas veces generan “desarrollo real”, o sea, un crecimiento socioeconómico y personal para las personas habitantes de la zona o región, más bien genera problemas contrarios como drogadicción, prostitución, delincuencias, entre muchas otras, el caso de Jacó es claro, por mencionar un caso.

Si a los pescadores se les dieran las condiciones para conformar sus propias asociaciones o cooperativas y posibilidades de comercializar sus productos, sin pasar por los intermediarios, a través de financiamientos y préstamos accesibles a sus condiciones (el gran problema de la banca nacional en la actualidad —desde la apertura del mercado a la banca privada—, que ya no es una banca con interés social, sino sólo con interés económico), seguramente las posibilidades de desarrollo en la actividad que ellos sí conocen serían mucho mayores.

La contaminación del recurso marino también se esgrime como otra de las consecuencias para la baja producción del recurso marino en el golfo de Nicoya, pero no se plantea una alternativa viable, realista y realizable de cómo solucionar el problema de contaminación que genera el río Tárcoles y que impacta de forma negativa a todo el ecosistema marino. Por años los gobiernos han sorteado este grave problema, y ninguno ha querido hacer la inversión para construir un sistema de alcantarillado, con plantas de tratamiento modernas que sustituyan al actual sistema que desde hace décadas fue sobrepasado en capacidad, eso haría que los ríos interurbanos no sean cloacas y botaderos de basura al aire libre, con todo lo que eso implica tanto para las personas que viven cerca de esos ríos, como para los que tienen que recibir esas aguas en su desembocadura.

Las soluciones primero deberían pasar por fomentar la cultura del mar, con la cual todos los pobladores del golfo se sienten muy identificadas, donde las personas escapan y no están expuestas a los problemas que generan las grandes urbes, como el humo, la contaminación, el estrés, el correr contra el tiempo; ellos son sus únicos jefes. No tendrán que vivir de la explotación de grandes cadenas hoteleras, que muchas veces “encierran” a sus huéspedes dentro de sus estructuras casi como en un enclave.

Los diputados también afirman que las reformas a la ley ayudarán a las personas a desarrollar sus propios proyectos turísticos, ya que actualmente hay un terrible entrabamiento que significa solicitar la ratificación de cada concesión en la Asamblea Legislativa, y afirman “hay cientos de familias que han ocupado por muchos años terrenos en estas islas y no pueden hacer uso de sus derechos la estar imposibilitados de inscribir debidamente sus concesiones puesto que tendrán que hacer los trámites incluyendo la ratificación legislativa para consolidar sus derechos”.

No está mal que los pobladores de las islas den en garantía sus concesiones, para respaldar los préstamos y obtener beneficios, pero es muy diferente otorgarles a la Municipalidad de Puntarenas con sus malos antecedentes, la autoridad de otorgar las concesiones y aprobar las proyectos que en las islas se desarrollen y valga aclarar que en la actualidad la gestión municipal en las islas es inexistente.

A modo de resumen, es cierto que el golfo de Nicoya tiene un gran potencial ecoturístico. Ya la provincia de Guanacaste cuenta con un potencial enorme como destino, y su capacidad de hospedar turistas es considerable, hasta el punto que sólo está por debajo de Puntarenas y San José, pero muy cerca de este último. Vale la pena preguntarse si el país quiere otro Tamarindo u otro Jacó, donde se hacen muchos cohechos y donde prácticamente los turistas extranjeros se llevan una impresión equivocada de nuestro país, al pensar que así es nuestra idiosincrasia, sin conocer de verdad un poco nuestra cultura: comidas, bailes, hitos históricos, etcétera.

Nuestros gobernadores deberían ver con ojos más críticos y examinar casos similares al Golfo, para darse cuenta que en la mayoría de casos no existió un verdadero desarrollo, y más bien la prostitución se hizo presente por una buena parte de las mujeres jóvenes o la venta de droga por los más jóvenes, en su afán de conseguir dinero fácil y adquirir poder adquisitivo que les permitiera verse aunque sea un poco iguales a los turistas que llegan por miles cada semana.

Cuando un gobierno habla de eliminar la pobreza, de bajar ese 20% de gente que no puede siquiera comer tres veces al día, y plantea proyectos que más bien benefician a los grandes y no a los ricos, con estudios superfluos y carentes de un análisis real de las necesidades, de los antecedentes de un grupo de personas, se tiende a pensar que hay algo más que los mueve a hacer este tipo de reformas. No está mal que las personas tengan trabajos como meseros, cocineros o conserjes, alguien tiene que hacerlos, pero cuando se pretende que eso sea una alternativa de desarrollo cuando no es cierto, genera rabia.

Antes que debilitar la estructura que hasta ahora se ha usado para asegurar, al menos en parte, el cumplimiento de requisitos para la construcción de proyectos de desarrollo turístico, se debería dar más recursos a las instituciones del estado, se les debería remozar con más personal y mejores condiciones de trabajo. Cuando se piensa que éstos más bien entraban la gestión y el desarrollo del país, no deberían quitarse, jamás, la solución es al revés, fortalecerlas para hacerlas más eficientes.

El país debe marcar muy firmemente sus prioridades, el mejoramiento de las condiciones básicas para los destinos turísticos es una de ellas. Las carreteras son un desastre, los aeropuertos igual , los impuestos de salida tienen un costo muy elevado, y así un largo etcétera. No vale con fomentar un desarrollo turístico, tampoco, sin fomentar lo que hay alrededor. Eso se llama es un cluster, cuando todos dependen de todos y una mejora ayuda a todo el sistema. Cuando se mejora el sistema de carreteras del país, muchos otros se verán beneficiados al llegar más turistas, la persona que tiene un puesto de comida recibe más clientes, y el que vende granizados también.

A modo de resumen, el turismo es una forma de generar recursos que puede encausar el desarrollo de una region del pais, pero muchas veces el costo social de ese supuesto avance no compensa el desarrollo turistico. En el caso del golfo de Nicoya, se intenta evadir los verderos problemas que causan probreza y el escaso recurso economico, y, sin un analisis profundo de la problematica, se intenta fomentar el desarrolo de una ley de vital importancia para el pais en materia de turismo, justificandola falasmente con el caso de las islas del Golfo. Eso demuestra la incapacidad de un gobierno y sus diputados de solventar los problemas del pais desde la raiz, de ser un poco mas profundos en sus argumentos y de tener un verdadero compromiso con los que menos tienen. No hay que olvidar que las personas tienen ciertas caracteristicas determinadas por su entorno geografico, en este caso el mar, y que antes que el turismo, deberia fomentarse su principal actividad como medio de salir de la pobreza, alternativas existen, solo hay que buscarlas; en ultimo caso si estas no funcionan, el turismo puede verse como alternativa. Muchas veces se ha dado el caso que el turismo al contrario de lo que se espera, mas bien genera mas problemas de lo que resuelve. El turismo es una actividad muy lucrativa, pero no puede hacerse a costa del ambiente, de los pobladores y de sus futuras generaciones.


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