Paquete de impuestos
Paquete de impuestos para salir del apuro
Por: Walter Coto Molina.
Se repite la historia. Todos corriendo. El agua hasta el cuello. Entonces, más impuestos. Otro paquete. Sin creatividad y sin cambios estructurales. Maquillaje a la tica. Un día le pregunté al ministro de Hacienda si sabía cuántos impuestos tiene el país, y no supo responder.
¿Cuántos hay? En primer lugar, es fundamental preguntar a los que están en esa tarea si saben cuántos tributos hay y cómo se desglosan, adónde van los ingresos de los impuestos existentes, cuántos ingresos genera cada gravamen, qué representan como porcentaje de recaudación, sobre quiénes recae su pago, cómo se controla cada tributo y cuál es la carga fiscal real, incluyendo las cargas sociales.
Los impuestos en Costa Rica son como los abejones de mayo. ¿Cómo nos van a imponer más si no conocen la cantidad que pesa sobre la población? Tenemos impuestos para todos los gustos: renta y ventas. Pagamos timbres a los colegios profesionales. Hay impuestos agrarios, impuestos municipales, un rubro para mantener a la Cruz Roja.
La tramitación del plan fiscal reproduce el método del apuro
Existe el timbre fiscal, el de registro, el topográfico, para fondos de inversión, para remesas, para bienes inmuebles, el selectivo de consumo, el impuesto por consumo de cemento, el de valor aduanero, los de salida de los aeropuertos, el 2 % por alimentos para animales, el 5 % sobre el precio del arroz para financiar a Conarroz, para bebidas carbonatadas, impuesto por venta de alcohol, pago de entre $2 y $3 por semoviente sacrificado, impuestos al combustible, al marchamo, al financiamiento del sistema de vivienda, para mantener el 911, seguro obligatorio de vehículos, para ayudar a los Bomberos, sobre las casas de lujo, de licores, de patentes, rótulos, exacciones por basura, alumbrado, aceras, personas jurídicas, etc.
Los tributos están constituidos por cargas parafiscales, tasas y contribuciones, y todos salen del bolsillo de la gente. Estamos sobrecargados de impuestos, muchos ni se controlan y ni se cobran eficientemente. Muchos legisladores ni saben cuánto es el costo mensual de un empleado de ¢300.000 al mes, pagando las cargas, como el SEM, el IVM, el BP, el AF, el IMAS, el INA, el LPT, el INS, el aguinaldo, las vacaciones, la cesantía y el preaviso.
Los países avanzados como los escandinavos tienen entre 6 y 7 veces menos impuestos que Costa Rica. ¿Por qué no les da la cabecita para simplificar y dejar solamente unos pocos impuestos, que tengan el peso fiscal que se necesite y que sean racionales, se controlen y se cobren con eficiencia?
Exoneraciones. Un segundo elemento obliga al examen riguroso de la enorme cantidad de exoneraciones para reducir aquellas que no sirven al interés nacional. Grasa en demasía. En el 2018, el Estado dejará de recaudar ¢2 billones por exoneraciones, suma que representa el 5,7 % del PIB. Lo asombroso es que los gobiernos siguen promoviéndolas.
En el período de Laura Chinchilla se aprobaron 24 y en el de Arias 25. El Estado de la Nación reciente indica que en estos cuatro años fueron 49. Entre el 2016 y el 2017 se aprobaron 18 exoneraciones. La mayoría no tiene plazo de caducidad. Serán eternas.
Finalmente, un tercer elemento tiene que ver con los disparadores del gasto, que va más allá de las distorsiones en materia de empleo público, que también deben examinarse.
Impresionan los miles de millones de colones que se pagan por comisiones e intereses derivados de créditos no desembolsados. Hay transferencias que el presupuesto ya no aguanta. Es decepcionante determinar cómo se utilizan los fondos públicos. A modo de ejemplo, titulares de La Nación: “MEP gira millones de más a escuelas por error al sumar” (28 de febrero). “Leyes triplicaron las transferencias que debe hacer el gobierno en 12 años y significa 9,6 % del PIB” (8 de marzo). “MEP cerró el 2017 con la peor ejecución en 10 años” (18 de marzo). “Gobierno deja 20 obras inconclusas o sin iniciar” (29 marzo). “Conavi planteó 3 opciones que exigen $124 millones más para seguir trabajos de vía a San Carlos” (8 marzo). “Gobierno no dice cómo tapará inversión hecha en Banco Crédito de ¢131.000 millones”. ¿No será entonces una irresponsabilidad seguir creando tributos para gastar así, sin atender este problema?
La tramitación del plan fiscal reproduce el método del apuro. No hay una propuesta estructural integral. Con las medidas planteadas no llega ni al 1,9 % del PIB. No piensan en transformar el sistema fiscal, lo cual implica hacer cirugía.
Continuamos con un problema mental que nos impide hacer transformaciones profundas. Lo más fácil es administrar los problemas sin resolverlos.
Por: Walter Coto Molina.
Se repite la historia. Todos corriendo. El agua hasta el cuello. Entonces, más impuestos. Otro paquete. Sin creatividad y sin cambios estructurales. Maquillaje a la tica. Un día le pregunté al ministro de Hacienda si sabía cuántos impuestos tiene el país, y no supo responder.
¿Cuántos hay? En primer lugar, es fundamental preguntar a los que están en esa tarea si saben cuántos tributos hay y cómo se desglosan, adónde van los ingresos de los impuestos existentes, cuántos ingresos genera cada gravamen, qué representan como porcentaje de recaudación, sobre quiénes recae su pago, cómo se controla cada tributo y cuál es la carga fiscal real, incluyendo las cargas sociales.
Los impuestos en Costa Rica son como los abejones de mayo. ¿Cómo nos van a imponer más si no conocen la cantidad que pesa sobre la población? Tenemos impuestos para todos los gustos: renta y ventas. Pagamos timbres a los colegios profesionales. Hay impuestos agrarios, impuestos municipales, un rubro para mantener a la Cruz Roja.
La tramitación del plan fiscal reproduce el método del apuro
Existe el timbre fiscal, el de registro, el topográfico, para fondos de inversión, para remesas, para bienes inmuebles, el selectivo de consumo, el impuesto por consumo de cemento, el de valor aduanero, los de salida de los aeropuertos, el 2 % por alimentos para animales, el 5 % sobre el precio del arroz para financiar a Conarroz, para bebidas carbonatadas, impuesto por venta de alcohol, pago de entre $2 y $3 por semoviente sacrificado, impuestos al combustible, al marchamo, al financiamiento del sistema de vivienda, para mantener el 911, seguro obligatorio de vehículos, para ayudar a los Bomberos, sobre las casas de lujo, de licores, de patentes, rótulos, exacciones por basura, alumbrado, aceras, personas jurídicas, etc.
Los tributos están constituidos por cargas parafiscales, tasas y contribuciones, y todos salen del bolsillo de la gente. Estamos sobrecargados de impuestos, muchos ni se controlan y ni se cobran eficientemente. Muchos legisladores ni saben cuánto es el costo mensual de un empleado de ¢300.000 al mes, pagando las cargas, como el SEM, el IVM, el BP, el AF, el IMAS, el INA, el LPT, el INS, el aguinaldo, las vacaciones, la cesantía y el preaviso.
Los países avanzados como los escandinavos tienen entre 6 y 7 veces menos impuestos que Costa Rica. ¿Por qué no les da la cabecita para simplificar y dejar solamente unos pocos impuestos, que tengan el peso fiscal que se necesite y que sean racionales, se controlen y se cobren con eficiencia?
Exoneraciones. Un segundo elemento obliga al examen riguroso de la enorme cantidad de exoneraciones para reducir aquellas que no sirven al interés nacional. Grasa en demasía. En el 2018, el Estado dejará de recaudar ¢2 billones por exoneraciones, suma que representa el 5,7 % del PIB. Lo asombroso es que los gobiernos siguen promoviéndolas.
En el período de Laura Chinchilla se aprobaron 24 y en el de Arias 25. El Estado de la Nación reciente indica que en estos cuatro años fueron 49. Entre el 2016 y el 2017 se aprobaron 18 exoneraciones. La mayoría no tiene plazo de caducidad. Serán eternas.
Finalmente, un tercer elemento tiene que ver con los disparadores del gasto, que va más allá de las distorsiones en materia de empleo público, que también deben examinarse.
Impresionan los miles de millones de colones que se pagan por comisiones e intereses derivados de créditos no desembolsados. Hay transferencias que el presupuesto ya no aguanta. Es decepcionante determinar cómo se utilizan los fondos públicos. A modo de ejemplo, titulares de La Nación: “MEP gira millones de más a escuelas por error al sumar” (28 de febrero). “Leyes triplicaron las transferencias que debe hacer el gobierno en 12 años y significa 9,6 % del PIB” (8 de marzo). “MEP cerró el 2017 con la peor ejecución en 10 años” (18 de marzo). “Gobierno deja 20 obras inconclusas o sin iniciar” (29 marzo). “Conavi planteó 3 opciones que exigen $124 millones más para seguir trabajos de vía a San Carlos” (8 marzo). “Gobierno no dice cómo tapará inversión hecha en Banco Crédito de ¢131.000 millones”. ¿No será entonces una irresponsabilidad seguir creando tributos para gastar así, sin atender este problema?
La tramitación del plan fiscal reproduce el método del apuro. No hay una propuesta estructural integral. Con las medidas planteadas no llega ni al 1,9 % del PIB. No piensan en transformar el sistema fiscal, lo cual implica hacer cirugía.
Continuamos con un problema mental que nos impide hacer transformaciones profundas. Lo más fácil es administrar los problemas sin resolverlos.
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